La verdad y el fuego de artificio

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La lectura del Informe de la Comisión de la Verdad es una experiencia repleta de paradojas (para la que necesitas muchísimo tiempo y comprender desde dónde se la llevó adelante). Una de la más importantes es lo que en la última edición de la revista Vanguardia se escribe con mucha precisión: “El informe, entregado por la Comisión el lunes 7, en el Palacio de Cristal del Itchimbía, dejó los bandos en su lugar y con su verdad. Los opositores de Febres Cordero descubrieron –con espanto- la amplitud de torturas, violaciones y desapariciones y el dramatismo de los testimonios recogidos por la Comisión. Sus defensores, se ratificaron en su versión de que la comisión hizo su trabajo con ojeras, no fue objetiva y nunca fue imparcial”. Y más allá de que ese párrafo puedo haber sido escrito de mejor manera (y de que el texto, por demostrar los errores del informe casi cae en la justificación de la atrocidad), el sentido es muy claro: cualquier posibilidad de justicia y de permitir que la colectividad entienda una realidad histórica y exija que no se siga repitiendo va a quedar enterrada por una sensación política e ideológica que simplemente estorba… como casi siempre lo ha hecho.

Hay que partir de una verdad de Perogrullo: ningún Estado puede violentar a ninguna persona, torturarlo, someterlo a vejaciones o desaparecerlo/asesinarlo. Ese detalle no puede ser abandonado por nadie, ni siquiera por aquellos que asumen que lo que pasó entre 1984 y 1988 en Ecuador fue una acción de defensa en contra del ‘terrorismo’ que se nos venía encima. No voy a caer tampoco en el juego de la dicotomía fácil, porque los jóvenes que formaron parte de estos grupos, por más que haya existido en ellos un deseo genuino de reforma, basándose en los caminos de la izquierda y en la creencia de que la lucha armada es la respuesta, cometieron actos que debieron ser juzgados en su momento por un sistema adecuado de justicia… y no por una acción ejecutiva que, bajo una excusa barata, quiso ‘salvar al país de un mal’. Hay que tener una idea muy clara en medio de esta vorágine de información y de pésimos análisis: muchas de las víctimas de estos abusos, en el régimen de Febres Cordero, merecieron un proceso investigativo de altura y ser llevadas a un juicio. Un informe en este contexto permite revisar no sólo la violencia en contra del otro, del criminal o del supuesto criminal, sino también la mirada de omnipotencia creada alrededor de la figura del poder. Una lectura con eso en mente puede traer un mejor resultado de estos datos que el Informe ofrece (sólo entre 1984-1988: 269 víctimas de torturas; 365 de violencia sexual; 86 de ejecución extrajudicial; 68 atentados contra la vida; 26 desapariciones forzosas, y 17 personas a quienes les privaron ilegalmente su libertad).

Pero lamentablemente lo que vemos es un nuevo instrumento de batalla política. Otra vez la derecha e izquierda enfrentadas; un bando de buenos y un bando de malos. La estructura dramática más básica. En esa medida no hay solución posible ni una correcta reflexión de un hecho que socialmente nuestros padres y abuelos permitieron y en ocasiones refrendaron. Así no habrá conciencia histórica precisa, porque nos veremos llevados a asumir que la maldad de los poderosos acabó con una revolución a mediados de los 80 que, con incluso con una lectura superficial, se podría decir que nació muerta… no sólo por el romanticismo que se llevó adelante y la mala suerte que tuvieron en su momento (algo que se puede ver con claridad en el documental de Isabel Dávalos sobre Alfaro Vive Carajo!), sino por la falta de comprensión de todo proceso social, pues en este caso, las revoluciones deben, forzosamente, tener un respaldo popular… y no hay que olvidar que como colectividad, como pueblo, el ecuatoriano no piensa en revoluciones, ni en cambio de sistemas, sino en que no se lo joda y se le haga más fáciles las cosas.

Si se mantiene esa lectura, pues de nada habrá servido este proyecto que nos ha costado sangre, sudor, lágrimas y dinero (y omisiones escandalosas e igualmente criminales, como lo del caso Dayuma, que sucedió hace unos meses). El asunto es la justicia. Es imprescindible verlo así. Esa debe ser la base para otro tipo de revisiones, mucho más profundas. Porque esa idea de lo impune y de justicia por mano propia (en las autoridades) no ha dejado de estar presente, incluso en el régimen actual, que se autoproclama de izquierda y humanista. Porque no sólo debe ser un tratamiento que busque mantener una discusión en el pasado como un hecho ya juzgado; porque la defensa de los derechos humanos no sólo debe ser mirada a través de un catalejo ideológico; porque una verdad condicionada así no nos está liberando, sino enjaulando junto al artificio.

Es un juego político este, pero debemos hacer un ejercicio por librar a nuestra lectura de esto y exigir que el Estado no lo siga repitiendo, jamás. Un informe sesgado e incompleto también puede generar datos y contextos válidos… por eso vendría bien leerlo…

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