Hecha la ley, hecha la trampa

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rtdf10.jpgimagen tomada de tinypic.com

Si escribo esto, a pesar de que hace mucho trato de no referirme a asuntos políticos del país, es quizás porque presumo que este proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, al ser presentado por un asambleísta del Gobierno, se convertirá en la Ley definitiva, a costa de sus incongruencias, de sus paradojas, de sus elementos discordantes.

Si escribo esto es porque he revisado de cabo a rabo el proyecto y no logro entender muchas de las precisiones que intenta. Porque no existen; es más, se trata de un documento que va a elevar al carácter de ley la imposibilidad de acceso a la información de nosotros como miembros de una colectividad; algo extraño para un Régimen que se jacta de ser democrático, cuando lo único democrático que tiene es la experiencia de las elecciones (y eso, aunque les duela, no es la única manifestación de la democracia… es quizás la menor, la más burda, la más fácil de violentar por una maquinaria bien fuerte y agresiva. Porque la gran cantidad de votos que ha recibido el régimen de Rafael Correa en más de una elección revela la ausencia de esperanza y la desesperación de un pueblo, que ha asumido que la figura del mandamás es la mejor de todas. Seguimos, en definitiva, siendo una sociedad feudal).

Este proyecto, presentado por una persona que se ha dedicado al periodismo no es más que un nuevo vehículo de control. Porque los regímenes que buscan una transformación absoluta de la perspectiva del Estado, sea cual sea su orientación (y basados en la idea de que el sueño de las nuevas autoridades nos llevarán al paraíso perdido) siempre han visto en los medios de comunicación a su principal enemigo, al defensor de estatus anterior, al abogado de aquel tiempo pasado en que todo fue peor. No es nada nuevo eso, peor en Latinoamérica. La revolución cubana fue durante muchos años el único valor posible para esta región, quizás porque se buscaba por primera vez un camino propio, una suerte echada por nuestras cartas. Pero no fue sino hasta que los intelectuales empezaron a desencantarse que la situación cambió: primero con el apoyo de Fidel a la invasión rusa a Checoslovaquia, en 1968, y luego con el inmisericorde caso Padilla (cuando se acusó al poeta cubano de contrarrevolucionario). El rechazo de los artistas, intelectuales y hombres de cultura de la región marcaron las distancias y definieron lo que hoy parece novedad en Ecuador: “La prensa capitalista desató una calumniosa campaña contra Cuba, con la cual colaboraron algunas decenas de intelectuales colonizadores con una secuela de colonizados, de destartalada ideología”, como publicó la revista de la Casa de las Américas, en medio de esas circunstancias p(es)adillescas referidas arriba.

Ergo, no existen errores dentro de esos procesos que intentan cambiar un modelo, sino una mala intención de los medios, con deseos oscuros. Insisto, no es nada nuevo esto, siempre se trata de una campaña de calumnias. Casi 50 años han pasado y las discusiones siguen siendo las mismas.

En esa dinámica aparece un proyecto de Ley que de entrada precisa frases interesantes como: “Que la comunicación es un bien público, que en cuanto a su ejercicio tiene responsabilidades previas y ulteriores (…) Que es necesario dotar a la Sociedad de una estructura organizacional que vigile y proteja el cumplimiento de los derechos y obligaciones relacionados con la comunicación y que dirima las controversias que sobre ellos se suscitaren”. Estos considerandos elocuentes y de cierta forma acertados son el anticipo de lo que se viene a lo largo de 66 artículos, entre los que quiero destacar algunos fragmentos:

Art.3 (esta Ley garantiza a los ciudadanos): “… A la expresión de sus ideas, pensamientos, opiniones, creencias políticas o religiosas, a través de todas las formas o medios de comunicación, sin censura previa y con responsabilidad ulterior, derechos que no podrán ser restringidos, directa ni indirectamente, de manera abierta o encubierta”.

Art. 4: Garantía para el cumplimiento de la rectificación, réplica o respuesta.- Toda persona afectada por informaciones sin pruebas, inexactas o que agravien su honra, publicadas por los medios de comunicación social, tiene derecho a la rectificación, réplica o respuesta correspondiente, en forma obligatoria, inmediata y gratuita, en el mismo espacio impreso o audiovisual en el que se difundió (…) El derecho de rectificación, réplica o respuesta no está sujeto a dubitación, contraposición u oposición por parte de terceros; la sola afirmación fundamentada de la persona afectada por la información que incumpla lo dispuesto por la Constitución será suficiente para que el medio de comunicación proceda a la rectificación o réplica, en un espacio proporcional y con la misma característica al utilizado en difundir la información objetada. El medio de comunicación al publicar la rectificación o réplica podrá ratificarse en el contenido de la información objetada. Cuando se trate de respuesta el medio de comunicación social estará obligado a proporcionarla inmediatamente cuando así fuera solicitada por la persona que fuera aludida en la
Información”.

Art. 6: “Obligaciones del afectado y los medios de comunicación antes de emitirse resolución.- Cuando el afectado por una información u opinión emitida por los medios de comunicación social, ejerciere una acción administrativa o judicial para la reparación de sus derechos afectados o para el cumplimiento de la rectificación o réplica, ni el medio ni el afectado podrán referirse a la materia de la controversia mientras ésta no se resuelva”.

Art. 8: “De la libertad de opinión.- Se reconocer el derecho al ejercicio de la opinión libre, sin censura previa, sin afectar el derecho a una información veraz, ni los derechos fundamentales de otras personas, consagrados en la Constitución, leyes, pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. Toda opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la emite, advertencia que debe hacerse de manera explícita. De lo contrario se presume que dicha responsabilidad será también del medio de comunicación”.

Art. 10: “De la cláusula de conciencia.- Quienes informen o emitan sus opiniones en los medios de comunicación social tendrán derecho a negarse fundamentadamente a realizar acciones contrarias a la Ley o a la deontología periodística; sin que esta objeción afecte su estabilidad y derechos laborales. Los propietarios o administradores de los medios de comunicación social no podrán restringir este derecho ni directa ni indirectamente, o de manera abierta o encubierta”.

Art. 14: “Deberes.- Son deberes de los medios de comunicación social: (…)Difundir información responsable, contrastada, precisa, contextualizada, plural, sin censura previa, y con responsabilidad ulterior, acerca de los sucesos de interés general; (…) Registrarse ante el Consejo Nacional de Comunicación e Información, para lo cual deberán acreditar su Código de Ética y su Defensor del Público, que actuará de manera independiente, designado exclusivamente para esta tarea. El Código de Ética de cada medio deberá ser aprobado, previo debate, con la participación de todos los funcionarios y empleados del medio de comunicación y cumplir plenamente con los principios y derechos establecidos en la Constitución del Ecuador, así como con los principios y derechos de comunicación que garantizan la responsabilidad social, la transparencia de procedimientos y el manejo de la información como un servicio público de acuerdo con la presente ley. El Código de Ética deberá ser suscrito por todo el personal del medio: directivos, periodistas y administrativos; de forma que
no se pueda alegar su desconocimiento”.

Art. 15: “Responsabilidad social de los medios de comunicación.- Los medios de comunicación social tienen la responsabilidad de contribuir a la construcción de una sociedad de respeto, justicia, equidad y solidaridad, y de responder de manera crítica y objetiva ante los acontecimientos y procesos de interés general, a fin de que el público desarrolle su capacidad de deliberación, argumentación y decisión en el marco democrático que consagra la Constitución de la República. (…) El respeto por la paz social, la no-violencia, la autodeterminación e integración de los pueblos, la soberanía, la solución pacífica de las controversias y conflictos, la libre movilidad de los ciudadanos y la seguridad nacional…”.

Art. 22: “Prohibiciones.- Se prohíbe a los medios de comunicación social lo siguiente: (…) Difundir información que sea producto de uso de cámaras ocultas, grabadoras escondidas, teleobjetivos y métodos de encubrimiento, que impliquen intromisión en la vida privada de las personas y que viole su intimidad, salvo en los casos autorizados por autoridad competente”.

Art. 24: “Registro para el funcionamiento.- El funcionamiento de los medios de comunicación tanto impresos como radiales o audiovisuales, estará sujeto a un registro de operación ante el Consejo Nacional de Comunicación e Información, conforme al Reglamento de la presente Ley”.

Art. 26: “Cancelación del registro.- El registro de funcionamiento de los medios de comunicación social radiales o audiovisuales caducará, cuando por cualquier causa se cancele la concesión para operar otorgada por autoridad competente. La cancelación del registro de funcionamiento acarreará la terminación de la concesión de los medios de comunicación por las causas previstas en esta ley.

El organismo que de conformidad con la Ley sea el competente para concesionar las frecuencias a los medios de comunicación radiales o audiovisuales, deberá informar inmediatamente sobre el particular al Consejo Nacional de Comunicación e Información, y al Ministerio del Ramo, según las normas pertinentes.

Procederá la cancelación del registro, cuando por causas establecidas en las leyes se cancelen, extingan o revoquen los títulos habilitantes otorgados para la prestación de servicios de radiodifusión sonora o televisión o para el uso de frecuencias vinculadas a la prestación de tales servicios”.

Art. 27: “Plazo de vigencia del registro.- El registro para el funcionamiento de los medios de comunicación durará un año”.

Art. 42: “De la representatividad del Consejo Nacional de la Comunicación e Información.- El Consejo Nacional de la Comunicación e Información, estará integrado por 8 miembros:

Un Representante del Presidente de la República quien lo presidirá y tendrá voto dirimente
Un Representante de las Facultades o Escuelas de Comunicación Social reconocidas por el organismo
competente, cuya elección será regulada por el Consejo Nacional Electoral..
Un representante de los comunicadores sociales agrupados en gremios, elegido conforme a un proceso de
selección a a cargo del Consejo Nacional Electoral .
Un representante del Ministerio de Educación
Un Representante de la Asamblea Nacional.
Tres Representantes de la ciudadanía elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana”.

Hata aquí un recuento rápido de lo que este proyecto de Ley intenta. Pero hasta aquí también las perspectivas paradójicas y de negación que se han estipulado en el proyecto que lleva la firma del ex periodista y presentador de televisión, Rolando Panchana. Si bien es cierto que una Ley de Comunicación es necesaria, las impresiciones presentes en esta propuesta  es lo que genera mis reservas. Tiene muchos aciertos, desde luego, pero en sus puntos medulares se dan los absurdos.

Preciso algunos para graficar el problema: 1) La comunicación sin censura previa y la necesidad de presentar información contrastada. Una de las bases de la comunicación es no mentir (la objetividad va por ese lado, por mostrar que si tres personalidades del Gobierno se reunieron, pues que sean esas tres y no cuatro o con los nombres cambiados); si un medio violenta esa norma de la profesión, existen leyes  que se pueden usar para utilizarse. Ese error, falta o actitud nefasta ya es penada; pero vayamos más allá. El contraste y la constatación de la información es un requisito que me obliga a tomar todas las previsiones posibles en géneros como la noticia, la crónica y el reportaje. En testimonios o entrevistas directas no tanto, porque ahí estamos refiriéndonos a la perspectiva de una persona en particular, con sus aciertos y errores. ¿Qué sucede cuando no hay una contraparte firme en una nota? Pues se decide sacar lo que se tiene o no. En el caso de publicarla, siempre se coloca que la otra parte no respondió a los llamados o no quiso intervenir (tiene ese derecho). El riesgo de darle carácter de Ley al contraste radica en la imposibilidad de exigir por vía pública la revelación de ciertos datos, sobre todo de funcionarios de Gobierno que no quisieran hablar en un primer momento; o peor aún, revelar algún acto extraño que la ciudadanía tiene el derecho de conocer, porque la parte que ha debido ofrecer el contraste no ha querido. En definitiva prohibiría la publicación de ciertas notas porque no se tiene la contraparte del Gobierno, que tendría en esta Ley una forma de defenderse previamente de la auscultación de los medios.

Vayamos más allá. Nada podría publicarse, ni siquiera las versiones que da el Gobierno de algo. Ejemplo: en el caso de los contagiados de la gripe AH1N1, el Ministerio de Salud envía un boletín que asegura que hay 500 contagiados, ¿se podría publicar el dato? No. Esta Ley exigiría al medio un despliegue de recursos para localizar a cada uno de los 500 contagiados para contrastar el dato. A lo que quiero llegar es que la contrastación es una obligación profesional, pero elevada al rango de Ley se vuelve una estupidez, un elemento que impida que la gente conozca alguna información, por la necesidad de cumplir un requisito que a nivel formal (o desde el Estado) se vuelve en algo burócrata.

2) Registro de medios: En un país como Ecuador, que ha vivido durante muchos años a la buena de los funcionarios públicos, de una administración pública terrible  basada en revanchas (este Gobierno no ha dado muestras de lo contrario), que ha sufrido por autoridades intransigentes,  es absurdo intentar registrar anualmente a los medios sin que esto corra el riesgo de transformarse en una forma de control politico. ¿Quién nos asegura aquello? ¿El mismo Gobierno? La historia del país nos exige ser incrédulos y exigir  mejores precisiones. Además, ¿quién invertirá en el desarrollo y mejoras de un medio cuando de año a año se revisa si puedo o no seguir funcionando? (esto sin referirme a que ese Nuevo Consejo de Comunicación estaría conformado por miembros relacionados con los poderes del Estado).

Y 3) La práctica en sí. Si bien el proyecto defiende la obligación de dar los elementos necesarios para que la ciudadanía desarrolle criterios sobre los diversos hechos que le atañen, es en el mismo cuerpo donde se exige que los medios busquen la sociedad de paz y la defensa de la seguridad nacional. Paradoja por donde se lo vea. Una información certera y real, que permita a la gente estructurar un pensamiento crítico puede ser vehículo para controversias sociales… peor si esa información se etiqueta como una violación a la seguridad nacional (ya tenemos ejemplos de eso, lamentablemente: en lugar de estar buscando quién grabó al Presidente en su despacho – alguien del mismo regimen, de seguro- se ataca y amenaza al medio que hizo pública la grabación por incumplir un reglamento y atentar contra la seguridad nacional. Con esto ya se puede ver la manera en que se dirimirán los hechos una vez aprobada la Ley). El derecho a la información absoluta no exige previsiones desde el Gobierno, como si fuese la tarjeta de salir de prisión del Monopolio.

El derecho a la información involucra un riesgo, más si ese riesgo es acabar con la ingenuidad de la gente con relación a las labores del Gobierno… igual hay que correrlo. Una administración realmente democrática no debería acusar o señalar los mecanismos que tiene la sociedad para revisar que la actuación de los funcionarios sea correcta. No puede existir una excusa que involucre un concepto de paz social o de defensa de la seguridad interna en una Ley de Comunicación, que estaría disfrazando de la manera más burda de algo ‘bondadoso’. 

Al final, lo que quiero decir es que hecha la ley, hecha la trampa. Si bien este tipo de regulación es importante en un país, es evidente que cuando un Estado controla más de diez medios de comunicación, amenaza con el cierre de uno y ataca periódicamente a varios (manteniendo estructuras de pensamiento que no son nada nuevas en América, al menos) hay que dudar de los alcances de un proyecto presentado por el movimiento en el poder. ¿Por qué? Porque hemos sido dañados durante muchos años por gobiernos que se han burlado de nuestra capacidad e inteligencia y el de hoy no es la excepción. Porque la misma regulación que intenta hacer de la comunicación social un elemento de participación general abre la posibilidad de que no se revise lo que el Gobierno hace al incluir dos o tres palabras que pueden ser interpretadas por algún regimen a su antojo.

Esa quizás es la ventaja de los gobiernos que buscan los cambios a toda costa: La ley está de su lado cuando conviene, cuando no… pues no importa.

campania_martes1imagen tomada de revolucionciudadana.com.ec

3 comentarios en “Hecha la ley, hecha la trampa

  1. Qué miedo me da lo que el gobierno puede hacer con esa ley. Qué miedo pensar en lo que nuestro oficio podría convertirse. Decidí dejar de pertenecer a un medio oficial cuando supe que se iba a crear un orgnanismo de control para regular los contenidos. En ese entonces, ese organismo funcionaba al margen de la ley. ¿Qué se puede esperar ahora que la ley lo respalda? Solo lo peor.

  2. Tallerdegeneros: lo peor de todo esto es que existirán profesionales de nuestra rama que justficarán este tipo de regulaciones por un asunto de ideología. Esto me recuerda el término que leí en la carta que le envió Vargas Llosa a Günter Grass cuando se pelearon: hemiplejía moral. La forma más correcta de ponerlo.

    Al final siempre habrá una sola forma de ver las cosas y eso es lo que quiere triunfar hoy…

    Me cuesta creer que personas que se jactan de su inteligencia puedan sostener argumentalmente (con falacias, desde luego), tamaños absurdos…

    Un abrazo

  3. La duda no radica en el hecho de que este gobierno esté adueñándose de medios de comunicación y quiera cerrar uno (o el primero de muchos); la duda inicial radica, precisamente, en algo que mencionas al inicio: la falta de precisión de esta ley. Para mí, el discurso que maneja el presidente Correa está plagado de vaguedad, y ahí está lo más peligroso, porque lo incierto confunde, y ante la duda, muchos se abstienen… el peligro radica en que lo impreciso provoca silencio… y hasta miedo. Y lo que menos hay que hacer ante esto, es callar.
    Bacán tu blog, te leo seguido.
    Saludos,
    K.

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